Tercera prórroga de adhesivos para octógonos anunciada por el ministro de salud pondría en riesgo un objetivo de salud pública

Sobre las respuestas del ministro Óscar Ugarte Ubillús, titular de la cartera de Salud, a una pregunta periodística del día de ayer respecto al intento de modificar la norma de los octógonos, en las que se manifestara A FAVOR DE APLICAR EXCEPCIONES PARA PRODUCTOS IMPORTADOS a la vez que asegurara que «las advertencias se mantienen», la asociación ELEGIR señala con absoluta preocupación:

1. Que la controversia es alrededor de si se extenderá por tercera vez una excepción temporal de uso de adhesivos sin ningún tipo de estándares mínimos para colocar las advertencias, y no de si su forma octogonal o su aplicación se mantienen, como habría dado a entender el ministro.

• Que no es aceptable que el ministro desvíe la atención sobre el debate de si -luego de tres años y dos prórrogas- se seguirán permitiendo vehículos que no cumplen con el objetivo de la norma de garantizar la entrega de la información hasta el consumidor final reduciendo dicha controversia a que «esté impreso o que sea simplemente un sticker que se pega». En ese mismo sentido, le recordamos al Doctor Ugarte que esa fue la consideración para determinar la obligatoriedad de que sean indelebles, y no una arbitrariedad como la que pretende igualarla a una alternativa adhesiva que, tal como está expresada el beneficio temporal, no cumple.

• Que es inviable la diferenciación propuesta para que los productos nacionales usen octógonos permanentes y los importados octógonos adhesivos, pues resulta en un trato diferenciado entre productores nacionales e importados dentro del mismo mercado, contraviniendo principios de competencia en igualdad de condiciones.

• Que se convertiría en una recompensa para quienes no cumplen con la Ley, pues otorgaría una ventaja anticompetitiva a algunas empresas al evitarles la inversión de adecuación que tuvieron 3 años para realizar, frente a quienes sí asumieron los costos de cumplir con nuestra normativa de salud y del bienestar de sus consumidores, pese a que los costos de adecuación son transversales a los proveedores y no una carga diferenciada sobre los primeros.

• Que entorpecería la fiscalización hasta volverla materialmente imposible para las autoridades, en el supuesto negado de que sea aplicable, pues requeriría corroborar la proveniencia de cada producto antes de determinar si éste cumple o no con su propia norma diferenciada.

• Que actuaría como un caballo de Troya a favor de todo proveedor para eliminar los octógonos indelebles pues, al no poder aplicarse un doble estándar para el etiquetado frontal, y reconocida de manera formal por el propio Estado una supuesta imposibilidad de adecuarse (que miles de proveedores demuestran falsa en la práctica), terminaría aplicándose a las empresas, tanto nacionales como extranjeras e independientemente de su volumen, sólo el requerimiento más bajo: la posibilidad de usar el vehículo inadecuado (los adhesivos).

• Que robaría a todos estos proveedores el incentivo de reformular productos a alternativas más sanas para evitar la readecuación sus empaques ante la llegada de una segunda etapa con umbrales más estrictos, pues les permitiría resolverlo pegando un adhesivo.

Por lo expresado, conminamos al Ministro de Salud a aclarar su posición, manifestando públicamente el rechazo a toda modificación para supuestas excepciones a la normativa de etiquetado frontal, pues en la práctica esto resultaría en la desnaturalización de norma, beneficiando a todo proveedor independientemente de su origen, pero en especial a aquellos que pese a los beneficios y largos plazos no lo hicieron, a costa de poner en riesgo el objetivo de una norma de salud pública en el camino.

Finalmente, ampliamos el llamado a nuestras otras autoridades involucradas, tanto del Ministerio de Producción como de la Presidencia del Consejo de Ministros, e incluyendo al propio Presidente de la República Francisco Sagasti, para que hagan suya nuestra preocupación e impidan agravar el terrible precedente de que en el Perú las normas de salud alimentaria se ajustan para dar ventajas a quienes no las cumplen. Ya es hora de que prime el interés público de nuestra salud por sobre los intereses comerciales de algunos.