Titulares de cortes superiores piden continuar políticas
A través de un pronunciamiento denominado Declaración de Huancayo, las presidentas y presidentes de las cortes superiores del país pidieron aprobar el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad – Poder Judicial del Perú 2022-2030, para continuar con las políticas públicas de la institución a favor de las poblaciones vulnerables.
En el referido documento, las máximas autoridades de los distritos judiciales peruanos expresaron su compromiso para fortalecer el Servicio de Justicia Itinerante implementado en las diferentes cortes para las personas en condición de vulnerabilidad de acuerdo con lo dispuesto por las Reglas de Brasilia.
El pronunciamiento es el resultado del VIII Encuentro Internacional de Poderes Judiciales de Perú e Iberoamérica y X Encuentro Nacional de Presidentes de Cortes Superiores y Responsables del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, realizado en Huancayo, Junín.
Tras expresar su solidaridad con la Corte de Amazonas ante la situación que afronta por el terremoto del pasado 28 de noviembre, las autoridades judiciales ratificaron el compromiso del Poder Judicial a través de las acciones que realiza la Comisión de Acceso a la Justicia en concordancia con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
También acordaron elegir la Corte de San Martín como la sede del próximo año para llevar a cabo el IX Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales de Perú e Iberoamérica y el XI Encuentro Nacional de los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia y Responsables del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.
BUENAS PRÁCTICAS
Durante el encuentro fueron realizados talleres con los presidentes y representantes de cada distrito judicial sobre gestión pública orientada a las buenas prácticas para mejorar el acceso a la justicia, así como sobre el diseño y métodos con el objetivo de planificar actividades respecto a ello.
Asimismo, las 34 cortes superiores del país informaron sobre las buenas prácticas implementadas en su respectiva jurisdicción, entre que las que destacan la creación de locutorios y salas con conexión virtual debido a la pandemia para personas con vulnerabilidad que participan en un proceso y no cuentan con acceso a internet.
También actividades sobre capacitación informática para personas adultas mayores, implementación de mesas itinerantes para llevar los servicios judiciales hacia zonas rurales y de difícil acceso, entre otras buenas prácticas judiciales.
En el certamen el magistrado ecuatoriano Arturo Márquez Matamoros, juez de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, expuso sobre investigación y judicialización del delito de trata entre Ecuador y Perú, en tanto que Ángela Russo de Cedeño (Panamá) y el juez de Costa Rica Esteban Lemus Laporte, participaron de manera virtual.
Asimismo, la integrante de la Comisión de Acceso a la Justicia, Elvira Álvarez Olazábal trató sobre la aplicabilidad de los enfoques de género e interseccionalidad, mientras que los especialistas Luis Edgardo Vásquez y María Consuelo Barletta Villarán sobre políticas públicas en beneficio de las personas con discapacidad, así como en favor de la infancia y adolescencia.
Por su parte, el representante en Perú de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Federico Agusti, abordó sobre articulación con el Poder Judicial para la protección de personas refugiadas en el Perú.
VISITA A ÑAHUINPUQUIO
El último día del encuentro, las juezas y jueces participantes visitaron el distrito de Ahuac, provincia de Chupaca, donde la magistrada suprema Janet Tello Gilardi inauguró una biblioteca implementada con el apoyo del Poder Judicial.
Como parte de las actividades de integración cultural con la comunidad, la comitiva del Poder Judicial tuvo un compartir en el anexo de Ñahuinpuquio (ojo de agua, en quechua).
Allí, Tello Gilardi enfatizó ante los presentes que aplicar las Reglas de Brasilia es “una obligación” para las juezas y jueces del Perú a fin de permitir el acceso a la justicia a todas las personas en condición de vulnerabilidad.
