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Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral 2022 es una instancia de control ciudadano

Lima.- El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, destacó que el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE) 2022 constituye una instancia de control ciudadano y resaltó las cualidades profesionales y morales de sus integrantes para desarrollar sus labores en el marco de las próximas Elecciones Regionales y Municipales (ERM).

Durante la ceremonia de instalación del colegiado ético, subrayó que este representa un nivel elevado e importante de la democracia, así como de compromiso de autorregulación de las organizaciones políticas firmantes del PEE para una campaña electoral alturada que contribuya al voto informado.

Señaló que el referido tribunal tendrá la labor de velar por el respeto de tales compromisos y determinará la existencia de responsabilidades por incumplimientos a través de exhortaciones, comunicaciones o resoluciones.

En ese sentido, dijo, podrá pronunciarse públicamente y adoptar las medidas éticas de reparación, según el propio tribunal así lo establezca, bajo la más completa libertad para tomar sus determinaciones.

“Se trata de erradicar cualquier forma de disfunción o acto de discriminación hacia grupos históricamente excluidos y de incorporar los lineamientos de conducta en redes sociales que resulten socialmente aceptables y éticamente permisibles”, manifestó.

Salas Arenas recordó que esta instancia autónoma ha tenido un rol relevante en procesos electorales anteriores y lo seguirá teniendo por la calidad de sus actuales miembros. “Son personalidades respetables y honorables y su presencia honra al Perú”, expresó.

Los integrantes del Tribunal de Honor, por su parte, agradecieron a las organizaciones políticas por elegirlos y confiar en ellos para componer el colegiado, así como al JNE por el apoyo que les pueda brindar para su desempeño.

Dicha instancia está integrada por las abogadas Mariela Noles Cotito y Marlene Molero Suárez; así como por el economista e investigador Valerio Paucarmayta Tacuri, el economista Humberto Correa Cánova, y la exjefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo, la abogada constitucionalista Elena Alvites Alvites.

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