La delincuencia en el Perú ha alcanzado niveles alarmantes, con crímenes cada vez más violentos y una sensación generalizada de inseguridad entre la población. Según los datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), en lo que va del año, 1,034 personas han sido víctimas de homicidios en todo el país, con una mayor concentración en Lima Metropolitana (447) y el Callao (67). En las regiones sobresale La Libertad, con 134 casos reportados.
Claudio Cajina, socio del área de Derecho Procesal de Dentons, analiza este preocupante panorama y ofrece una perspectiva legal sobre las penas asociadas a estos delitos y su efectividad en la disuasión del crimen.
«Estamos presenciando una delincuencia que parece no tener límites,» señala Cajina. «Los crímenes se han vuelto más violentos, y la presencia de menores de edad involucrados en estos actos es particularmente preocupante.» En 2023, los robos y hurtos agravados representaron el 83% de los 94,789 actos criminales reportados, lo que demuestra un incremento del 18% en comparación con el año anterior.
Estas cifras reflejan la necesidad de revisar no solo la legislación, sino también la implementación y ejecución de las penas en nuestro país.
Las penas en Perú: ¿Son suficientes?
En Perú, los delitos vinculados a la delincuencia más comunes son hurto, robo, extorsión y secuestro y las penas correspondientes están claramente definidas en el Código Penal, sin embargo, su efectividad podría ser cuestionada. El hurto simple, por ejemplo, se castiga con una pena de 1 a 3 años de prisión, mientras que el hurto agravado puede llevar a una condena de hasta 6 años. Por otro lado, el robo simple puede resultar en una pena de 3 a 8 años, pero si se agrava por circunstancias como el uso de violencia o el ataque a menores de edad, la pena puede oscilar entre 12 y 20 años, e incluso llegar a cadena perpetua si el delito causa la muerte de la víctima.
«Las penas en Perú son severas, pero la clave está en su aplicación efectiva,» comenta Cajina. «Un aspecto fundamental es asegurar que la ley se cumpla rigurosamente, y que los criminales no encuentren grietas en el sistema que les permitan eludir la justicia.»
Lecciones de otros países
En comparación con otros países de la región, Perú presenta un marco legal similar en términos de severidad, pero existen diferencias en la ejecución. Por ejemplo, en países como Chile y Argentina, las penas para delitos como el secuestro simple pueden comenzar en 5 años y llegar hasta los 15 años, mientras que en México, la pena mínima por secuestro simple es de 20 años, similar a la de Perú. «Sin embargo, la diferencia radica en la tasa de impunidad,» agrega Cajina. «En algunos países, el índice de resolución de casos es más alto, lo que genera un mayor efecto disuasivo en la población.»
La necesidad de un enfoque integral
Cajina subraya que, para enfrentar la delincuencia, no basta con endurecer las penas. «Es crucial mejorar la eficiencia del sistema judicial, desde la investigación hasta la ejecución de las sentencias. Además, debemos abordar las causas subyacentes de la criminalidad, es por ello que la respuesta ante este incremento de la delincuencia en el Perú demanda una respuesta integral que vaya más allá de la legislación», concluye.
