La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó los informes de calificación que declaran improcedentes cinco denuncias constitucionales, entre ellas dos contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra y una contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, por no cumplir con los criterios establecidos en el artículo 89, inciso c) del Reglamento del Congreso.
Una de ellas es la Denuncia Constitucional 477, presentada por el congresista Juan Burgos Oliveros (PP), contra la presidenta Boluarte, el expresidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya, y el exministro de Trabajo, Daniel Maurate Romero, por presunta infracción a varios artículos de la Constitución.
El informe señala que, aunque la denuncia cumplía con el requisito de ser presentada por un legislador en actividad, las imputaciones no constituyeron infracción constitucional ni delitos de función por parte de la mandataria.
La acusación se basaba en supuesta intervención indebida en negociaciones colectivas del sector público, incumplimiento de normas de negociación y actuaciones arbitrarias mediante resoluciones que afectarían convenios colectivos vigentes.
El documento concluye que la actuación de la presidenta y sus exministros estuvo acorde con la legislación que protege el interés nacional.
El informe fue aprobado con 10 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.
Asimismo, se aprobó por 8 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones el informe que declara improcedente la Denuncia Constitucional 585, presentada por Jorge Luis Otoya Villalba contra la presidenta Boluarte, más de cien congresistas, el expresidente del Congreso José Daniel Williams Zapata, la exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas y varios jueces supremos.
Esta denuncia acusaba la comisión de delitos como conspiración, rebelión, homicidio calificado, entre otros.
Por otro lado, con 8 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, se aprobó el informe que declara improcedente la Denuncia Constitucional 056 (antes 393), contra el expresidente Martín Vizcarra y varios exministros, por presuntos delitos relacionados con el uso indebido de la fuerza pública, rebelión y sedición.
Por unanimidad (13 votos), se aprobó también el informe que declara improcedente la denuncia 571 contra miembros del Tribunal Constitucional por presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad, debido a que el denunciante no demostró ser directamente agraviado.
Finalmente, se archivó la denuncia 609 contra miembros de la Junta Nacional de Justicia, por falta de pruebas y porque el denunciante no acreditó ser afectado directamente.
Audiencia reservada
En sesión reservada, la subcomisión trató la Denuncia Constitucional 528 contra fiscales supremos y exfiscales de la Nación por presuntos delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato y posible instigación a usurpación de funciones.
En representación de los denunciados estuvo el abogado Samuel Abad Yupanqui.
