La Cámara de Comercio de Lima (CCL) exhorta al Gobierno, al Ministerio de Cultura y a las autoridades competentes a adoptar de manera inmediata medidas concretas que permitan restablecer la transparencia y la confianza en el sistema de venta de boletos para Machu Picchu.
En ese sentido, consideramos indispensable implementar las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo: eliminar el sistema de reservas temporales de tres horas, migrar a un esquema de compra con pago inmediato, incorporar mecanismos robustos de verificación de identidad y fortalecer la seguridad de la plataforma para impedir el acaparamiento masivo de boletos mediante herramientas automatizadas.
La Cámara de Comercio de Lima felicita a la Oficina Defensorial de la Defensoría del Pueblo en Cusco y al Subprefecto de Machu Picchu por el trabajo de supervisión, seguimiento y denuncia que ha permitido poner en evidencia estas presuntas irregularidades. La actuación diligente de ambas autoridades constituye un ejemplo del rol que deben cumplir las instituciones del Estado en la protección del patrimonio cultural, la transparencia de la gestión pública y la defensa del turismo, por lo que resulta fundamental respaldar y promover este tipo de acciones en beneficio del país.
Las cifras son alarmantes. Entre 2024 y 2026 se registraron 1 123 056 reservas, de las cuales 315 411 fueron canceladas, equivalente al 28.08 % del total. Solo en 2025, las cancelaciones alcanzaron el 46.66 %, mientras que el Circuito 1 llegó al 56.33 % y el Circuito 2, el más demandado por los visitantes, registró un 49.62 % de cancelaciones.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, esta situación estaría vinculada al sistema que permite reservar boletos durante tres horas sin efectuar el pago, mecanismo que presuntamente estaría siendo utilizado mediante programas automatizados («bots») para bloquear entradas, generar una falsa escasez y favorecer prácticas especulativas. Como consecuencia, miles de turistas desisten de viajar y se producen cancelaciones de hoteles, trenes, restaurantes, agencias de viaje y otros servicios turísticos, con un perjuicio económico estimado en más de S/20 millones, monto que ni siquiera considera las tarifas aplicables a turistas extranjeros, por lo que el impacto real sería considerablemente mayor.
Esta problemática no solo afecta a Machu Picchu; compromete la competitividad de todo el sector turismo, uno de los principales generadores de empleo, inversión y divisas para el país. Cada visitante que decide no viajar representa ingresos perdidos para miles de familias y empresas que dependen directa e indirectamente de esta actividad, además de un serio daño a la reputación internacional del Perú como destino turístico.
El Perú no puede permitirse que su principal ícono turístico continúe perdiendo competitividad por fallas que tienen solución. Recuperar la transparencia y la confianza en el sistema de venta de boletos de Machu Picchu es una prioridad nacional. Proteger Machu Picchu es proteger el turismo, el empleo, la inversión y la imagen del Perú ante el mundo. La crisis de Machu Picchu no puede esperar.