TRATA DE PERSONAS: CASI 2 MIL CASOS Y COMPROMISOS PENDIENTES

En el Perú, la trata de personas continúa afectando a miles de personas mientras varias obligaciones del Estado permanecen pendientes. Solo entre enero y agosto de 2026, el Ministerio Público registró 1 994 casos de trata de personas y, desde 2023, la cifra supera los 9 500 casos, evidenciando la magnitud de un delito que requiere una respuesta sostenida de prevención, persecución, protección y reintegración.

En el Día Nacional contra la Trata de Personas, CHS Alternativo recuerda que el Estado cuenta desde 2021 con una Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030, pero persisten brechas que limitan su implementación.

La organización ha identificado cinco pendientes prioritarios:

  1. Crear el programa presupuestal multisectorial previsto por ley

    La Ley N.° 30925 establece que el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio del Interior, debe diseñar un programa presupuestal multisectorial orientado a resultados para implementar las políticas frente a la trata de personas. Sin embargo, han pasado más de siete años y esta obligación sigue pendiente, advirtió Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo.

Valdés refirió que la falta de este programa limita la capacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar el delito, así como para garantizar servicios adecuados de protección y recuperación para las víctimas.

  1. Garantizar recursos para implementar la Política Nacional al 2030

    Un estudio realizado a pedido de CHS Alternativo en 2023 estimó que se requieren al menos S/ 1 159 millones para ejecutar adecuadamente las acciones previstas en la Política Nacional frente a la Trata de Personas al 2030. No obstante, el presupuesto destinado en los últimos años representa apenas el 1 % de ese monto.

Además, según el X Informe Alternativo, de los 17 servicios previstos para la atención y reintegración de las víctimas, solo cuatro recibieron asignación presupuestal específica, lo que limita la disponibilidad de servicios especializados.

  1. Reglamentar plenamente la Ley N.° 31664

    A más de tres años de publicada la Ley N.° 31664, su reglamentación específica continúa pendiente. La norma establece medidas para que los establecimientos que brindan acceso a Internet en espacios públicos cuenten con registros y filtros que impidan que niñas, niños y adolescentes accedan a contenidos pornográficos y violentos.
    Sin esta reglamentación, las municipalidades y los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC) enfrentan limitaciones para fiscalizar el cumplimiento de estas medidas y sancionar a los establecimientos que las incumplan.
  2. Fortalecer la respuesta frente al trabajo forzoso

    La trata de personas no se limita a la explotación sexual. El trabajo forzoso también es una finalidad de la trata y puede presentarse en actividades vinculadas a economías ilegales, como la minería ilegal, donde las personas pueden ser captadas con falsas ofertas de trabajo y luego ver vulnerada su dignidad, siendo sometidas a jornadas extensas, condiciones precarias, endeudamiento, amenazas o restricciones para abandonar el lugar.

La Ley N.° 31330 y su reglamento establecen mecanismos para prevenir, erradicar y sancionar el trabajo forzoso, incluyendo la fiscalización laboral y el registro de información sobre estos casos. Sin embargo, persisten brechas en la detección, fiscalización, registro e investigación, especialmente en zonas alejadas y con limitada presencia del Estado. Fortalecer estos mecanismos es fundamental para identificar a las víctimas, activar su protección y garantizar que los casos sean investigados y sancionados.

  1. Garantizar una rendición de cuentas efectiva

    En septiembre de 2025, el Ejecutivo volvió a informar al Congreso sobre la lucha contra la trata de personas después de varios años. Posteriormente, el Parlamento creó una Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento, Coordinación y Monitoreo sobre los avances de la lucha contra la trata de personas.

Sin embargo, persiste la falta de información clara y accesible sobre las acciones que viene realizando el Estado, los avances alcanzados y los compromisos que aún están pendientes. Una rendición de cuentas efectiva debe permitir conocer qué metas se cumplieron, qué recursos fueron asignados y ejecutados y qué medidas se adoptarán para cerrar las brechas existentes. Asimismo, es necesario que este ejercicio vuelva a realizarse ante el Pleno del Congreso y frente a toda la representación nacional.

Ante los pendientes, Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, señaló que una política nacional y normas específicas no son suficientes si no están acompañadas de presupuesto, servicios especializados y mecanismos efectivos de seguimiento.

“Necesitamos una estrategia nacional de prevención validada que articule las acciones del Estado, establezca prioridades y permita medir resultados. Para que esta respuesta sea efectiva, también se requieren recursos suficientes y sostenidos para implementar las medidas previstas y garantizar servicios especializados. Este 23 de septiembre, el llamado es a fortalecer la respuesta del Estado, cerrar las brechas existentes y pasar de los compromisos a resultados verificables. La lucha contra la trata requiere continuidad, coordinación y resultados concretos. La trata de personas no puede seguir esperando”, subrayó.

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