Han pasado tres años desde que el Tribunal Constitucional falló a favor de los asentamientos humanos: 21 de Septiembre e Iván Vásquez Valera, que reconoció y ordenó garantizar el derecho fundamental al agua y saneamiento para aproximadamente mil familias en Punchana, Loreto. Sin embargo, hoy unas cinco mil personas continúan sobreviviendo sin servicios básicos y rodeados de desagües a cielo abierto.
Entre ambos asentamientos humanos corre un canal de desagüe a cielo abierto. Este foco de infección arrastra aguas servidas de la ciudad, residuos contaminantes del Hospital III de EsSalud y restos biológicos de un camal. Cuando llueve, el canal se desborda, inundando las viviendas y exponiendo a los niños de la zona, quienes —ante la falta de espacios recreativos— juegan y se bañan en estas aguas altamente contaminadas.
“La situación de Punchana es el reflejo de una crisis regional sistémica. Aunque las cifras oficiales afirman que la mitad de la población de Loreto cuenta con conexión a la red municipal, los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) revelan una verdad alarmante: ni siquiera una de cada diez personas consume agua apta para el consumo humano en la región”, señala Bárbara Fraser, coordinadora de la Vicaría del Agua del Vicariato Apostólico de Iquitos.
Añade que vivir al costado de un desagüe sin acceso a agua limpia atenta directamente contra el derecho a la salud, a la vida y a una existencia digna.
Una burla del Estado ante los derechos básicos
La comunidad afectada demandó inicialmente al gobierno exigiendo servicios básicos de agua, saneamiento y recojo de basura, ganando en primera instancia. De manera indolente, los gobiernos locales, provinciales y regionales apelaron sistemáticamente el fallo hasta hacer que los denunciantes perdieran en segunda instancia. Fue el Tribunal Constitucional quien finalmente, en agosto de 2023, ratificó mediante una sentencia definitiva que el Estado peruano tiene la obligación inmediata de dotar de agua y servicios de saneamiento a estas comunidades. Tres años después del inicio del calvario judicial, las autoridades han avanzado muy poco en el cumplimiento de la sentencia.
Una vecina del asentamiento Iván Vásquez, quien reside en el lugar desde su infancia, alzó su voz de protesta ante la alarmante falta de servicios básicos y el abandono estatal. “Llevo más de 20 años acá y mi gran preocupación, además del agua, es que este canal de desagüe sea cerrado y tapado de una vez”, manifestó Bárbara Shupingahua Torres, quien enfatizó el grave peligro al que están expuestos los menores de edad que juegan en los alrededores del conducto contaminado: “La pelota cae al caño y los niños la recogen sin ningún tratamiento. Es una mortificación que las autoridades no hagan nada, sabiendo que hay una sentencia ganada. No les importa la salud de la población, y ni siquiera tenemos un seguro médico”.
«Con lo que hemos ganado en la sentencia, lo que pedimos es el levantamiento de rasante, el saneamiento físico-legal y que se implemente lo más pronto posible la segunda fase del cierre del alcantarillado», declaró Eneyda López Vásquez del AAHH 21 de Septiembre. «Somos más de 5,000 habitantes entre ambos asentamientos humanos. [Antes] no entendíamos nuestros derechos como ciudadanos, pero gracias a esta demanda y al Vicariato, nos hemos dado cuenta de que no estamos solos, sino muy bien respaldados por la Iglesia Católica», sostiene.
Para la Iglesia Católica, el acceso al agua es el derecho humano más fundamental, ya que de él dependen la salud, un ambiente sano y la vida misma. Bajo esta premisa, el Vicariato Apostólico de Iquitos ha respaldado por más de una década a ambos asentamientos en su reclamo por la justicia hídrica, sumando esfuerzos con el Instituto de Defensa Legal para brindarles asesoría jurídica.
