El Perú enfrenta una preocupante proyección fiscal: el déficit previsional podría superar los S/ 20 mil millones en 2075, según un reciente estudio del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP). El informe advierte que el gasto en subsidios de pensiones se multiplicaría por 15 en los próximos 50 años, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema.
Actualmente, el 9.5% de los peruanos tiene más de 65 años, y la mayoría no cuenta con una pensión. Sin un financiamiento adecuado y ante un país cada vez más envejecido, la reforma previsional aprobada en 2024 no corrige esta brecha y, por el contrario, genera costos fiscales que recaerán en los jóvenes de hoy, quienes “terminarán pagando más para recibir menos”, señala la investigadora Noelia Bernal (CIUP).
El estudio, desarrollado por Bernal y el especialista William Fernández, forma parte de la iniciativa Agenda 2026 y lleva por título “¿Quién pagará? La dinámica de la reforma del sistema de pensiones y su impacto en la equidad intergeneracional”. Basado en un modelo de microsimulación dinámica, incorpora el envejecimiento poblacional para estimar los compromisos fiscales de largo plazo.
Cifras que alertan
Los resultados muestran que el déficit previsional total crecerá de S/ 766 millones en 2025 a más de S/ 20 mil millones en 2075. En el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) se prevé un superávit temporal hasta 2044, seguido de un déficit estructural que alcanzará un pico de S/ 7,590 millones en 2070.Por su parte, el Sistema Privado de Pensiones (SPP) pasará de un gasto subsidiado de menos de S/ 1,000 millones anuales hasta 2040 a uno de S/ 15 mil millones en 2075, debido a la jubilación masiva de afiliados con saldos insuficientes.
> “Los resultados evidencian un claro desbalance intergeneracional: los beneficios que hoy reciben los pensionistas serán financiados por los jóvenes de hoy y los que aún no han nacido”, advierte Bernal.
Reformas urgentes
El estudio recomienda implementar un modelo oficial de microsimulación dinámica en el Estado para evaluar el impacto de las reformas antes de su aprobación, así como publicar proyecciones periódicas y escenarios alternativos que contemplen el aumento de la edad de jubilación, reajustes de pensiones mínimas o cambios en las tasas de aporte.
También propone aprobar una ley de acceso a datos del SPP, similar a la de Chile, que permita análisis transparentes. Asimismo, plantea reformas paramétricas como elevar la edad de retiro, aumentar la tasa de cotización y permitir aportes en periodos de informalidad.
El documento concluye que el país necesita una reforma previsional sostenible, basada en responsabilidad fiscal y justicia intergeneracional, evitando trasladar las deudas actuales a quienes apenas inician su vida laboral o aún no han nacido.