La madrugada del 31 de diciembre de 2025, tres personas fueron asesinadas en la bocamina Papagayo, en Vijus, Pataz. El crimen volvió a poner en evidencia una realidad que se repite en la sierra de La Libertad: el oro ya no solo se extrae, se pelea a sangre y balas en escenarios dominados por la minería ilegal.
El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, expresó su indignación por lo ocurrido y cuestionó la ausencia del Estado en una provincia donde la violencia minera se ha vuelto parte del paisaje cotidiano.
Cifras que reflejan la violencia minera
En Pataz, la estadística ya parece una sentencia. Solo en el último año, 39 mineros fueron asesinados en ataques de bandas criminales contra yacimientos, una cifra que explica por qué trabajar en una mina ilegal o informal se ha vuelto, en algunas zonas, más peligroso que una guerra.
El antecedente más brutal fue la masacre de mayo de 2025, cuando 13 trabajadores fueron ejecutados en la misma provincia, una escena que expuso la fragilidad de la respuesta del Estado y el poder de las mafias del oro.
Reinfo: herramienta cuestionada
A ello se suma el polémico Reinfo —el Registro Integral de Formalización Minera—, que nació como una vía para ordenar a los pequeños productores, pero hoy es visto por autoridades y especialistas como un instrumento que, mal usado, termina protegiendo la informalidad.
El propio Ministerio de Energía y Minas reconoce que estar inscrito en ese registro exime de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal, una condición que ha alimentado críticas por su uso indebido.
“Se ha configurado un escenario donde la informalidad tiene mayores beneficios”, advirtió César Ipenza, abogado y especialista en temas ambientales, en ProEXPLO 2026, al señalar que la competencia desleal está deformando la actividad minera.
Su diagnóstico se cruza con el de otras autoridades. Por ejemplo, el ex primer ministro, Gustavo Adrianzén, sostuvo que “el combate contra la minería ilegal busca reducir el ámbito de acción de los delincuentes”
En tanto, Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la PCM, ha alertado que esta actividad se ha convertido en uno de los problemas más graves del país.
“La minería ilegal es un problema muy serio, un problema de Estado que compromete no solo al Ejecutivo, sino también al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a la sociedad”, sostuvo García Esquerre.
Más muertos que en la guerra Rusia-Ucrania
El problema, sin embargo, ya no cabe en una sola categoría. Es economía ilegal, es corrupción, es disputa territorial y es también una amenaza contra la vida.
Por eso la comparación con una guerra no suena exagerada: según datos oficiales, 13 peruanos murieron en el conflicto Rusia-Ucrania, mientras en Perú la minería ilegal dejó 39 víctimas en un año.
La conclusión es inevitable. Si el Gobierno no pone orden en la extracción de recursos, el oro ilegal seguirá financiando impunidad y derramando sangre.
Pataz no es solo una tragedia local: es el reflejo de un país donde la frontera entre formalidad e ilegalidad se ha vuelto peligrosamente difusa.