Abordaje de violencia contra mujeres debe ser permanente en la provincia de Huanta en Ayacucho
El módulo de la Defensoría del Pueblo en Huanta solicitó a la Instancia Provincial de Concertación (IPC) atender los casos de violencia contra las mujeres diligentemente teniendo en cuenta que, de enero a agosto del presente año, se han registrado 400 casos en esta jurisdicción. Esta situación la ha convertido en la segunda provincia de la región con el mayor índice de violencia de acuerdo al Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Cabe indicar que, ante el incremento de casos de violencia, el módulo defensorial demandó el reinicio de las sesiones para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de la IPC, presidida por la comuna provincial. Este pedido fue acogido en su momento y se desarrolló una sesión virtual; no obstante, fue la única realizada durante la pandemia.
Durante aquella reunión, la institución demandó fortalecer las Instancias Distritales de Concertación del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), que en su mayoría se encuentran creadas por ordenanza municipal, pero no vienen cumpliendo con su instalación, tal como indica la Ley N° 30364. Ello impide el abordaje integral y multisectorial frente a la problemática de la violencia en esta zona vulnerable de la región.
“Las instancias deben elaborar su plan de trabajo y reglamento interno, que es un instrumento indispensable para el desarrollo y abordaje de esta problemática. Además, debe ser presidido por la autoridad municipal, se debe exigir la participación de las demás instituciones que la integran, coordinar la agenda por el resto del año y cumplir con las funciones para las cuales fueron reconocidas”, señaló el coordinador del Módulo Defensorial de Huanta, Roy Huamán.
La Ley N° 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar señala que son las instancias provinciales de concertación las responsables de elaborar, implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas en favor de este sector vulnerable.
Según el Reglamento de la Ley 30364, la municipalidad provincial preside la IPC y el cargo es indelegable. La instancia la integran la Gobernación Provincial, Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial, Centro Emergencia Mujer, Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), la autoridad de salud de la jurisdicción, entre otras organizaciones relacionadas con esta problemática.
Cabe señalar que la región Ayacucho ha sido la pionera en crear las instancias de concertación en todas sus provincias en el año 2019, tras reiteradas recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. Además, por normativa, deben reactivar sus IPC y abordar esta problemática en favor de las mujeres e integrantes del grupo familiar, así como realizar acciones inmediatas que mitiguen las altas cifras de violencia contra este grupo vulnerable.
