Alertan sobre suscripción indiscriminada de Tratados Internacionales sin beneficios

Lima.- La Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derechos de Autor (APPI), gremio principal especializado en materia de Propiedad Intelectual en el Perú desde 1963, manifiesta su preocupación por la anunciada adhesión de nuestro país a 5 nuevos Tratados Internacionales administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la posibilidad de incorporarnos a 7 Tratados adicionales, también de la OMPI, entre ellos, el Protocolo de Madrid relativo al registro internacional de marcas.

“Los Tratados de la OMPI están diseñados para facilitar la protección de la Propiedad Intelectual a nivel internacional, por lo que son muy utilizados por los países desarrollados que exportan globalmente bienes y servicios protegidos con marcas o patentes.

Lamentablemente, no es el caso del Perú, que es básicamente un país exportador de materias primas y productos sin valor agregado protegido por la Propiedad Intelectual. Cabría preguntarse qué gana entonces el Perú y analizar si no estamos acaso siguiendo una política errada de suscripción indiscriminada e inconsulta de Tratados Internacionales en materia de Propiedad Intelectual a través de los cuales cedemos soberanía nacional y contribuimos a consolidar cuotas de mercado asimétricas.

El Estado peruano se está comprometiendo a proteger en nuestro territorio los derechos de marcas o patentes provenientes de países desarrollados, pero en la práctica no recibimos beneficios recíprocos para la industria nacional”, explica Mónica Germany, presidente de la Junta Directiva de la APPI.

Desde hace aproximadamente 30 años, el Perú ya es signatario de 19 Tratados administrados por la OMPI. Las estadísticas de INEI, SUNAT, MINCETUR o la propia OMPI no identifican impactos económicos positivos para las grandes, medianas o pequeñas empresas, ni para nuestras comunidades nativas, ni para los consumidores peruanos, supuestos beneficiarios de estos Tratados.

Por el contrario, algunos de estos acuerdos incluso pueden afectar puestos de trabajo y la recaudación tributaria dentro del país. La apertura del mercado internacional a productos y servicios peruanos, la generación de empleos o la inversión extranjera son metas que dependen de otros factores políticos y económicos.

Entre los anuncios de adhesión a nuevos Tratados por parte del Estado peruano, resulta particularmente preocupante el del Protocolo de Madrid (PdM), instrumento por el cual la OMPI regula una plataforma de registro internacional de marcas centralizado desde Ginebra (Suiza) y con tasas de tramitación de US$1,500 en promedio, que la hacen inviable para pequeñas o medianas empresas, así como para las comunidades nativas.

En efecto, solo 10 países industrializados –como Estados Unidos, Alemania, China, Suiza o Japón– concentran más del 70% de las solicitudes de registro del PdM, mientras los usuarios de América Latina, África y “otros territorios” no superan juntos el 1%. Colombia se incorporó al PdM hace 10 años, y en este tiempo solo se verificaron 240 registros de colombianos versus el ingreso de más 40 mil marcas extranjeras al país vecino.

Este caso, similar al de otros países de nuestra región, demuestra que el PdM funciona como una “carretera de una sola vía”, que no puede ser aprovechada por las economías emergentes, pero sí por las desarrolladas.

Ya el Perú ha tenido una experiencia negativa cuando se adhirió al “Protocolo sobre el Registro Interamericano de Marcas de Fábrica de 1929”, tratado análogo al PdM, que estableció el Registro Interamericano de Marcas, centralizado a través de la Oficina Interamericana de Marcas en La Habana. Dicho tratado fue denunciado por el Perú y otros miembros en 1946, debido a que ninguna empresa nacional le daba uso. Lamentablemente, desde entonces la situación del Perú no ha variado y nuestras exportaciones se siguen concentrando en materias primas o bienes que no llevan marca o patente.

“La protección de la Propiedad Intelectual en el Perú ya cuenta con una moderna y amplia base legislativa nacional y de la Comunidad Andina. Desde la APPI por supuesto apoyamos la protección efectiva de la Propiedad Intelectual, y por eso proponemos a las autoridades que se establezca un marco legal sobre bases técnicas para determinar los beneficios, límites y contraprestaciones específicas que traería a nuestro país la suscripción de nuevos Tratados.

Consideramos que los nuevos acuerdos en materia de Propiedad Intelectual deberían enfocarse más bien en impulsar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) nacional, así como la diversificación económica a través del desarrollo y la protección de la Propiedad Intelectual, lo que nos permitiría a largo plazo contar con marcas y patentes exportables”, finaliza Germany.