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Audiencia pública escuchó acusaciones y defensa de Chávarry Vallejos

Lima.- La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales escuchó, el viernes, 11 los descargos del suspendido fiscal supremo, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por dos denuncias en su contra presentadas por la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos Rivera.

Se trata de la audiencia donde se vieron las acusaciones 365 y 322, por el presunto delito de atentado contra la conservación e identidad del objeto, en calidad de instigador; y encubrimiento personal y encubrimiento real.

También, tuvo lugar la sustentación de la acusación por parte del representante del Ministerio Público, Luzgardo Gonzales Rodríguez, quien señaló que los hechos que se le imputan a Chávarry Vallejos son haber planificado y ordenado la irrupción a una oficina lacrada por el fiscal José Pérez Gómez en el curso de una investigación contra Keiko Fujimori y el partido político Fuerza Popular.

“Nosotros nos ratificamos en nuestra denuncia en todos los extremos, incluida la tipificación penal, que corresponde al Ministerio Público. Por ello, pido que la denuncia sea declara procedente y se continúe con el trámite parlamentario”, anotó.

Dijo que también se le imputa el obstruir a la justicia y a la labor de los propios fiscales en su misión de investigar, además dio referencias y detalles de supuestos vínculos y favorecimientos del funcionario para mantenerse en el cargo.

Gonzales Rodríguez hizo un recuento de los hechos ocurridos el 4 de enero del 2019 y manifestó que estos fueron registrados por las cámaras ubicadas en el edificio donde se encuentra la oficina de José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato.

“Se deslacró ilegalmente la oficina para sustraer y desaparecer documentos con la finalidad de frustrar la diligencia del fiscal provincial. Es por esta razón que en la denuncia presentada se consignan dos delitos que no pueden separarse: es atentar contra la conservación e identidad del objeto, en calidad de instigador y encubrimiento real de la documentación”, refirió

HABLA CHÁVARRY

Por su lado, Chávarry Vallejos no negó que estuvo en la fecha mencionada en el citado lugar, pero no tuvo ningún vínculo con el deslacrado de la oficina, a la que en ningún momento ingresó.

Dijo que el representante del Ministerio Público utilizó “términos inapropiados con base en hechos fácticos que nunca ocurrieron, como el hecho que ordenó el deslacrado y que tiene vínculos con Fuerza Popular”.

“No tengo ninguna vinculación con ese partido, no tuve ninguna participación con el chat La Botica, y no he obstruido en ningún momento al equipo Lava jato. No hay videos, no hay audios ni testigos que puedan demostrar esas acusaciones”, sostuvo.

Su abogado Jorge Rodríguez dijo que las acusaciones no tienen ningún respaldo probatorio y son “imprudentes”

Luis Ponce Arnillas, en representación de la congresista Leslye Lazo Villón (AP), sostuvo que la denuncia contra Chávarry Vallejos es contundente.

IMPROCEDENTES

Durante la sesión, fue aprobado por mayoría el informe de calificación N.° 045-2020 sobre la acusación constitucional N.° 295 que proponía su improcedencia.

La denuncia había sido presentada por el ciudadano Aurelio Edilberto Hernández Sotomayor contra la fiscal de la nación, Zoraida Ávila Rivera. La demanda no precisaba la materia correspondiente.

Lo mismo ocurrió con la denuncia presentada por el ciudadano Lázaro Pazos Acosta contra el contralor general de la república, Nelson Shack Yalta. El informe de Calificación N.° 46-2020  sobre la Denuncia Constitucional N.° 349 por infracción constitucional. El informe aprobado, por mayoría, propuso su improcedencia.

El tercer Informe de Calificación N.° 47-2020 sobre la denuncia 341 de Nelson Eduardo García Espinoza en contra del exministro de Energía y Minas, Francisco Atilio Ísmodes Mezzano, por juicio político aunque no se especificaron los delitos. También fue declarado improcedente.

La congresista Martha Chávez Cossío (NA) manifestó su desacuerdo por considerar que algunos errores en la denuncia no debía conducir a su declaratoria de improcedencia, sino su inadmisibilidad, para dar tiempo a los ciudadanos a subsanar errores.

CINCO PENDIENTES

El titular de la subcomisión, Carlos Pérez Ochoa (AP), invocó a sus colegas asumir el encargo de la investigación de cinco casos pendientes que aún faltan delegar.

Se trata de las denuncias de la fiscal de la nación, contra el exconsejero Guido Águila Grados; el excongresista Héctor Becerril  Rodríguez; el excontralor Édgar Alarcón, el excongresista Jorge Castro Bravo; y la excongresista Lisbeth Robles Uribe.

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