Balance de la defensoría del pueblo sobre movilizaciones

La Defensoría del Pueblo desarrolló, a nivel nacional, una supervisión sobre el desarrollo de las movilizaciones sociales acontecidas el 12 de noviembre. En ocho regiones de país se registraron hechos violentos, siendo los más graves  los ocurridos en la ciudad de Lima.  

Los enfrentamientos ocurridos en la capital entre manifestantes y policías se prolongaron por más de cinco horas dejando 19 personas heridas entre civiles y policías.   Tres ciudadanos participantes en las manifestaciones fueron impactados por proyectiles de armas de fuego, encontrándose por determinar si fueron lesionados por perdigones,   balas o similares. Dada la gravedad de estos hechos, demandamos la inmediata intervención del Ministerio Público siendo ello necesario para garantizar el correcto desarrollo de las investigaciones que determinen la responsabilidad de quienes hicieron  uso de dichas armas. 

Las y los comisionadas/os defensoriales reportaron 18 personas detenidas en dependencias policiales. La intervención institucional se ha dirigido a preservar su integridad y garantizar el debido proceso. 

En todos los lugares donde se registraron movilizaciones, la Defensoría del Pueblo recordó a la Policía Nacional del Perú los límites existentes sobre el uso de la fuerza. Además se emitieron comunicados públicos reiterando la necesidad de garantizar el derecho a la manifestación política . No obstante, se registraron hechos que evidencian el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional. 

Consideramos que los actos de violencia por parte de un reducido grupo de manifestantes, de ningún modo pueden justificar el incumplimiento de los deberes de protección que la Constitución asigna a las autoridades policiales. La inadecuada intervención mencionada se refleja en la  utilización desproporcionada del gas lacrimógeno, las detenciones realizadas por personal policial sin identificación,  así como en la utilización de escopetas de perdigones disparadas contra los manifestantes. 

Los resultados de nuestra supervisión evidencian que las autoridades del orden utilizaron  gas lacrimógeno en inmediaciones de áreas residenciales y de hospitales, como el Hospital del Niño siendo ello prohibido e inaceptable pues coloca en riesgo la vida y la salud de las personas.

Igualmente, advertimos la participación de personal policial vestido de civil, en diferentes manifestaciones y sin portar identificación alguna, realizaron detenciones de personas. Cabe recordar que la identificación de agentes estatales es fundamental para el reconocimiento de quien es la persona que detiene, si tiene autoridad para hacerlo; y para la seguridad de la persona detenida que está en el derecho a saber quién lo detiene, porqué es detenido y dónde va a ser conducido.

Como Defensoría del Pueblo precisamos nuevamente que el uso de la fuerza debe hacerse de manera racional, necesaria y proporcional tal como lo señalan las leyes, reglamentos y los instrumentos internacionales de la Organización de las Naciones Unidas.  Es responsabilidad de los mandos garantizar que las operaciones de restablecimiento del orden interno se hagan respetando los derechos de ciudadanas y ciudadanos.

Nuestra institución viene monitoreando a nivel nacional la situación de las personas heridas. Desde muy temprano nuestro personal se ha desplazado a los hospitales para garantizar que reciban atención médica oportuna. Del mismo modo, intervenimos en las comisarías para cautelar los derechos a la integridad y al debido proceso de las personas detenidas. 

Hemos solicitado al Ministerio Público investigar los excesos reportados a fin de establecer las responsabilidades penales del caso. En el mismo sentido, se ha solicitado al Ministerio del Interior desarrollar las investigaciones administrativas disciplinarias correspondientes.

Desde la Defensoría del Pueblo exhortamos a las autoridades a no estigmatizar a ciudadanas y ciudadanos que libremente deciden manifestarse pacíficamente.