Comisión de Mujer y Familia solicita una nueva clasificación socioeconómica
Congresistas de diversas bancadas coincidieron en la necesidad de una verdadera y justa clasificación socioeconómica de la población con la finalidad de que los programas sociales que brinda el Estado puedan llegar a los que verdaderamente lo necesitan, en el marco de la declaratoria de emergencia por el coronavirus.
Fue el lunes 15 en la sesión de la Comisión de Mujer y Familia, que preside la congresista Carolina Lizárraga Houghton (Partido Morado), a la que asistió como invitada la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas Winstanley, quien informó sobre las acciones que se adoptaron para el desarrollo de programas sociales a la población en situación de vulnerabilidad y pobreza durante el confinamiento desde el 31 de enero hasta el 28 de febrero.
La legisladora María Isabel Bartolo Romero (Nueva Constitución) señaló que existe una gran preocupación en diversas regiones del país en cuanto a la categorización y focalización de hogares, pues muchos de los pobladores de extrema pobreza no están siendo considerados en los programas sociales. Por eso, solicitó que se haga un estudio exhaustivo a fin de que aquellas personas que aún no cuentan con la entrega de esos servicios puedan ser consideradas dentro de la población vulnerable de extrema pobreza.
“No existe una clasificación socioeconómica actualizada de la población. Hay algunos lugares sobre todo en provincias que aún no han sido mapeados adecuadamente y, por ende, no hay asistencia de esos programas sociales. La provincia Antonio Raimondi y el distrito de Ocros en Huánuco son zonas donde existe población de extrema pobreza y no les llega ningún tipo de ayuda, por eso, es necesario una reclasificación”, manifestó.
El congresista Raúl Machaca Mamani (Frepap) dijo que los lugares altoandinos de Tacna y en las comunidades campesinas del distrito de Malca, la distribución de los alimentos no ha sido equitativo. Agregó que a algunos les ha llegado en menor cantidad, perjudicando a decenas de niños de ese lugar que viven en situación de extrema pobreza.
Además, la legisladora Mónica Saavedra Ocharán (Acción Popular) agregó que se debe informar el incremento de nuevos beneficiarios en cada uno de los programas y cómo es la clasificación para la distribución de alimentos o algún otro beneficio que brinda el Estado.
La parlamentaria Lusmila Pérez Espíritu (APP) manifestó que las viviendas y familias de extrema pobreza no están siendo beneficiadas con los programas sociales, debido a que el trabajo de las municipalidades encargadas del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) no son las más adecuadas.
“Hay familias, ancianos de Pensión 65 que no están recibiendo ningún apoyo, por eso, es importante hacer las coordinaciones con los once alcaldes de las provincias para mejorar esta situación”, finalizó.
Por su parte, la titular del MIDIS solo atinó a decir que los programas estatales como Qali Warma, Pensión 65 y Juntos son los que reciben mayor presupuesto, pero no declaró nada concreto sobre los argumentos presentados por los legisladores o sobre cómo se podría realizar una nueva clasificación socioeconómica para subsanar estos problemas.
