Extranjeras con autorización de permanencia o residencia vigenta también podrán ser orientadoras judiciales
A través de una resolución administrativa, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) aprobó el reglamento denominado “Servicio de la Orientadora Judicial”, el cual permite que ciudadanas extranjeras con autorización de permanencia o residencia vigente puedan desempeñarse como tales.
Como se sabe, las orientadoras judiciales son lideresas comunitarias, acreditadas por el Poder Judicial, quien de manera voluntaria y de forma gratuita, contribuyen al mejoramiento del acceso a la justicia en favor de las personas y grupos en condición de vulnerabilidad.
Hasta poco, las ciudadanas extranjeras no estaban incluidas entre los requisitos para ser orientadora, de los que figuraban ser peruana, mujer mayor de edad, saber leer y escribir, no ser autoridad elegida por voto popular y
tampoco contar con antecedentes penales, policiales y/o judiciales.
Asimismo, acreditar participación activa en su comunidad u organización social de base, contar con el apoyo de una organización con fines lícitos (que garantice su buena conducta, honorabilidad y ética), así como haber aprobado
el curso de formación para orientadoras judiciales.
MONITOREO Y EVALUACIÓN
El documento normativo establece que la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, que preside la jueza suprema Janet Tello Gilardi, es responsable del seguimiento, monitoreo y
evaluación de los resultados e impactos del servicio.
Por su parte, las diferentes cortes superiores de justicia del país son responsables de los procesos de convocatoria, formación, acreditación y capacitación de las orientadoras judiciales, entre otras acciones.
De acuerdo con lo dispuesto, las comisiones distritales de acceso a la justicia de las cortes, a través de las instituciones que articulen con las organizaciones sociales de base, identificarán a las lideresas comunitarias para convocarlas y que de manera voluntaria postulen como orientadoras.
Las lideresas comunitarias interesadas en postular deberán llenar un registro de pre inscripción, lo que permitirá corroborar que las participantes cumplan con los requisitos exigidos y lleven a cabo el curso de formación, cuya malla curricular será cumplida de forma virtual o presencial.
Al final se entregará una constancia de participación emitida por la respectiva corte a quienes hayan asistido al 80% de sesiones y certificará las treinta horas académicas de capacitación y a las que hayan alcanzado la nota aprobatoria
de trece.
Entre las tareas de las orientadoras están las de informar y orientar a las personas de su comunidad en trámites judiciales y administrativos sobre discriminación, alimentos, filiación extramatrimonial, violencia familiar, así como
en rectificación de partidas de nacimiento, matrimonio o defunción.
También en acompañar a las personas en condición de vulnerabilidad durante las diligencias que permitan una mejora en el acceso a la justicia, hacer seguimiento de los casos que conocieron y participar en el servicio de Justicia Itinerante.
VENEZOLANAS EN PERÚ
Según el último informe “Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado”, emitido en junio pasado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), actualmente en territorio peruano hay más de 1 millón 510 mil personas venezolanas desplazadas, entre refugiadas y migrantes.
De esa cifra, la mayoría son mujeres (50,6% del universo), situación que llama la atención si se considera la manera diferenciada en que la migración las impacta, profundizando su situación de vulnerabilidad.
Acnur también ha revelado que Lima es la ciudad que alberga más personas venezolanas en nuestro país, pues solo en la capital peruana y en El Callao hay más de un millón, la cual la convierte en la ciudad con la mayor cantidad en
todo el mundo.
Cabe anotar que la Relatoría Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de las Naciones Unidas señala que las mujeres y niñas migrantes se ven afectadas de manera particular y desproporcionada por la discriminación, el abuso y la violencia de género.
Esa situación, agrega, incrementa los riesgos a los que estas se exponen durante su trayecto migratorio, lo cual termina por limitar sus derechos en los países de destino.
