Informan acciones de control en programas de apoyo a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo
La Comisión Especial de Protección a la Infancia en el contexto de la Emergencia Sanitaria, presidida por la congresista Nieves Limachi (CD-JPP), recibió al Contralor General de la República, Nelson Shack, para que informe las acciones de control realizadas en los programas gubernamentales de apoyo a la niñez como las DEMUNAS, Centro de Acogida Residencial (CAR) y Unidades de Protección Especial (UPE).
Shack, anunció ante el grupo de trabajo que, el próximo año su institución desplegará un mega operativo para auditar los tres servicios.
Asimismo, señaló que de los 214 millones de soles asignados a los programas, se han ejecutado 160 millones a falta de dos meses para finalizar el año. “La gran mayoría del gasto público es en bienes y servicios y pago de planilla”, agregó.
Identificaron problemas como entrega de raciones de alimentos a personas que no les correspondía o alimentos que no cumplían con los requisitos nutricionales de acuerdo a la normativa del INABIF.
“Producto de nuestras acciones de control hallamos responsabilidades administrativas, civiles y penales en 45 funcionarios públicos de los cuales 31 son del gobierno nacional y 13 de los gobiernos regionales por irregularidades en materia de gestión de recursos”, mencionó el titular de la CGR.
Critican ejecución del MIMP
La presidenta de la comisión, Nieves Limachi, criticó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) por la nula ejecución presupuestal en las Unidades de Protección Especial de Lambayeque, Lima Sur, Junín y La Libertad la cual es de 0%.
“Es responsabilidad del MIMP el monitoreo de estas unidades que velan por la desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes”, indicó.
Por otro lado, Limachi consultó sobre las estrategias que aplican los Centro de Acogida Residencial para que los niños y adolescentes puedan llegar a formar parte de una familia.
Por su parte, la congresista Heidy Juárez (PP) indicó que en Piura no existe un Centro de Acogida Residencial (CAR) y, además, mostró su preocupación por la falta de atención en las líneas telefónicas de ayuda que pone a disposición el ministerio para niños, niñas y adolescentes en situación de peligro.
