No destruyamos el sistema, otorguemos pensiones todos según sus años de aporte
Lima.- El congresista José Núñez Salas, quien es parte de la comisión especial multipartidaria encargada de evaluar, diseñar y proponer el proyecto de ley para la reforma integral del sistema previsional peruano, mostró su preocupación por los actuales jubilados y pensionistas del Perú que de aprobarse la ley que propone la devolución de la ONP, vivirían en incertidumbre en los próximos meses.
Para el congresista arequipeño José Núñez Salas la devolución de los aportes a los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones pondría en riesgo el pago de las pensiones de los actuales pensionistas y jubilados del Perú.
“Devolver los aportes de los que no alcanzan los años de aportes no es la solución. No destruyamos el sistema, otorguemos pensiones a todos según sus años de aporte, eso es hacer justicia con los que no reciben pensión sin afectar a los pensionistas actuales”, explicó el parlamentario morado.
Por otro lado, los integrantes de la Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú (CENAJUPE) manifestaron a través de un pronunciamiento que actualmente son más de 600 mil pensionistas los que se verían perjudicados si es que el Congreso aprueba el retiro de la ONP.
Según la CENAJUPE, durante todo este período de pandemia, las pensiones que han recibido sus integrantes han y no alcanzan ni siquiera los 600 soles; y en el caso de las pensiones de viudez incluso peor.
“No deben de ponerse en riesgo los recursos que financian las actuales y futuras pensiones públicas. Ofrecer ingresos por una situación de emergencia a través de la devolución de aportes, no debe de afectar a los sectores más vulnerables de la población como las personas adultas mayores, viudas y personas con discapacidad que reciben pensiones insuficientes”, se lee en el pronunciamiento.
La Constitución peruana señala que los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles; que las modificaciones que se introduzcan a los regímenes pensionarios deberán regirse por criterios de sostenibilidad financiera y consagra el rol de garante del Estado.
