Perú necesita ampliar procedimiento simplificado para masificar acceso a internet
Lima.- Según el estudio Condiciones necesarias para acelerar la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones, preparado por DN Consultores con el apoyo de expertos de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú), nuestro país tiene grandes retos en materia de despliegue de infraestructura, requisito fundamental para llevar conectividad a todos los peruanos -especialmente en zonas rurales y dispersas-, y para soportar el crecimiento exponencial de los datos.
Según Aldo Defilippi, director ejecutivo de AmCham Perú, la única manera de avanzar en este sentido es manteniendo políticas públicas eficientes, como las materializadas a través de la Ley N° 29022 modificada por la Ley N° 30228 de 2014 que actualmente se encuentra pendiente de debate para su extensión en el Congreso de la República.
Según este estudio, la expansión de los servicios de telecomunicaciones ha podido crecer en 6 veces durante la pasada década (2011-2020), gracias a la incorporación de un procedimiento simplificado de aprobación para la instalación de infraestructura a través de la mencionada Ley N° 30228. Esta ley fortaleció la “Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones” (Ley N° 29022), vigente desde el 2012, pero que esta por vencer en mayo de este año.
“Con un incremento de casi 7 veces en el consumo de datos móviles entre el 2017 y el primer trimestre de 2021, es importante que se considere ampliar la vigencia de la normativa que ha hecho posible el despliegue de infraestructura. El proceso simplificado establecido en la Ley N° 30228 ya se encuentra adecuado en el TUPA de la mayoría de los gobiernos locales. Ante el vencimiento de esta norma, volveríamos a épocas previas al 2012, con mecanismos de despliegue heterogéneos y poco predecibles, que retrasarían seriamente la expansión de infraestructura de telecomunicaciones”, advirtió Carlos Huamán, CEO de DN Consultores.
Asimismo, Huamán mencionó que “la normativa vigente ya establece un procedimiento ordenado para el despliegue de infraestructura; regula temas de mucho interés para la comunidad como el control de la emisión de radiaciones no ionizantes (hoy por debajo del 1% del límite máximo de acuerdo con el MTC) y obliga a la mimetización de la infraestructura donde aplique. De esta forma se promueve un despliegue ordenado y eficiente de infraestructura en equilibrio con el medio ambiente y el desarrollo territorial sostenible”.
Por su parte, Aldo Defilippi, resaltó que la crisis sanitaria trajo consigo el incremento de la demanda de Internet en el país, con un incremento del consumo de datos, por usuario, que puede llegar al 250% (3,5 veces) entre el 2020 y el 2025, según estimaciones del ente regulador Osiptel. De acuerdo con esta entidad, el país requerirá más de 60,000 antenas para el 2025, a fin de cubrir la nueva demanda de datos en todo el país.
Defilippi, mencionó que, de acuerdo con la información presentada en el estudio, alrededor de 3 millones de peruanos y 58,000 centros poblados de las zonas rurales del país no cuentan con acceso a Internet, lo que genera grandes desigualdades. “Ante esa realidad, resulta fundamental fortalecer los mecanismos que hasta ahora han servido para acelerar la masificación del acceso a Internet en el país, en un contexto donde la pandemia por COVID-19 ha puesto en evidencia como la educación, el empleo y la actividad empresarial, sobre todo de las MYPES, se vieron fuertemente afectadas por la falta de conectividad y todo lo que esta habilita: teleeducación, comercio electrónico, teletrabajo, etc.”
“Algo que no podemos pasar por alto es que incrementar la inversión en infraestructura de Telecomunicaciones generará impactos significativos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), habilitando una mejor economía, sociedad, institucionalidad y un mejor medio ambiente. En este sentido, es importante destacar que el despliegue de infraestructura a través de empresas de torres de comunicaciones tiene como objetivo que dichas torres estén al servicio de todos los operadores, lo cual no solamente es mucho más eficiente desde el punto de vista de inversión y costos, sino también mucho más amigable con el medio ambiente al reducir la contaminación visual (menos cantidad de torres gracias a que estas son compartidas por varios operadores), menor huella de carbono, mayor sostenibilidad y, por tanto, mayores beneficios en términos de desarrollo humano”, señaló Defilippi.
“En términos comparados, el Perú tiene menos de 1,100 antenas 4G por cada millón de habitantes, mientras el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 6,500 estaciones base celular 4G por millón de habitantes. Impulsar la compartición de infraestructura y sostener las medidas que impulsaron el fuerte crecimiento del acceso a internet durante la última década, favorecerá las condiciones para el desarrollo sostenible, la inclusión digital y la competitividad del país, en beneficio de los ciudadanos”, concluyó Carlos Huamán de DN Consultores.
