Urge fortalecer el servicio de defensa pública en casos de violencia contra las mujeres

La Defensoría del Pueblo instó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) a fortalecer la cobertura y los aspectos logísticos del servicio de Defensa Pública y Acceso a la Justicia en lo referido a los casos de violencia contra las mujeres. Asimismo, solicitó establecer mecanismos para una mejor actuación articulada con los Centros Emergencia Mujer (CEM), que permitan una atención adecuada a las víctimas que así lo requieran.

En una supervisión realizada a nueve direcciones distritales de Defensa Pública de las regiones con mayor índice de violencia (Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur y Ventanilla), se advirtieron problemas en la cobertura de este servicio. Por un lado, la mayoría de directores/as distritales coincidió en señalar la necesidad de contratar más defensores/as públicos/as de víctimas. Incluso, se conoció que provincias como Yauri-La Oroya, Surcubamba, Pampas y Tayacaja (Junín) no contaban con este personal. Asimismo, en Lima y Cusco, refirieron que no se tenía el personal suficiente por la falta de presupuesto.

Respecto a las y los defensores públicos, un 79 % de ellos señaló que viene realizando su labor de manera remota, pero un 13 % indicó que no recibió alguna capacitación sobre esta modalidad de trabajo. Asimismo, un 21 % indicó que venía realizando su labor de manera alternada (remota y presencial). De este número, un 42 % manifestó que no recibió el material de bioseguridad para el trabajo presencial y un 73 % señaló que no se le realizó las pruebas rápidas para detección del COVID-19. Agregado a ello, un 71 % del total de defensores/as públicos/as manifestó que no se les brindó equipos tecnológicos y que sus actividades las realizaban con material propio.

En cuanto a los casos atendidos por este servicio, resulta importante señalar que, del 1 de enero al 15 de marzo del 2020, se atendieron un total de 1763 casos de violencia contra las mujeres. No obstante, del 16 de marzo al 26 de abril, la cifra disminuyó a 98, lo cual estaría relacionado a las medidas estrictas respecto a la libertad de tránsito por el estado de emergencia sanitaria, que significó que las víctimas no puedan acceder de manera presencial a los servicios esenciales de administración de justicia ni a aquellos fundamentales para solicitar ayuda, incluida la Defensa Pública.

Según la Defensoría del Pueblo, caso contrario se produce en el periodo del 27 de abril al 15 de julio, en el que se atendieron un total de 1088 casos. Esta situación coincide con la aprobación del Decreto Legislativo N° 1470, que brindó medidas específicas para reforzar la actuación del Estado a fin de garantizar la atención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Otro problema advertido fue que el 26 % de los defensores/as públicos/as entrevistados señalaron desconocer el Protocolo de Actuación Conjunta entre el CEM y los Servicios de Defensa Pública. Asimismo, un 72 % señaló que no coordinaban los casos de violencia contra las mujeres con los CEM y más del 50 % precisó que el nivel de coordinación es entre regular a mala.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha recomendado al MINJUSDH identificar y dotar del personal que se requiere para este servicio, teniendo en cuenta la alta tasa de demanda y especialmente en aquellas provincias que no cuenten con defensor/a público/a de víctimas. Asimismo, se ha solicitado garantizar que las direcciones distritales de Defensa Pública y Acceso a la Justicia que registren altos índice de violencia contra las mujeres cuenten como mínimo con un defensor/a especializado en esta materia.

Adicionalmente a ello, se ha solicitado dotar de equipos de bioseguridad a los que laboran de manera alternada (remota y presencial) y de recursos logísticos tecnológicos suficientes para ejercer su trabajo. Además, se ha recomendado establecer mecanismos de difusión virtual, radial y televisiva del servicio dirigidos a la ciudadanía.

Finalmente, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se ha instado a fortalecer el trabajo conjunto de la Defensa Pública y Acceso a Justicia y los Centros Emergencia Mujer en el marco del protocolo señalado, de tal forma que se permita una atención, asistencia y/o patrocinio legal de las víctimas de manera adecuada.