Lima.- El Directorio de AENZA, compañía líder en infraestructura, ha tomado la firme decisión de iniciar acciones legales contra tres ex directivos de la compañía, por acciones ilícitas vinculadas a los casos “Club de la Construcción” y “Lava Jato”.
Estos actos de corrupción, atribuibles a Jose Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y Mario Alvarado Pflucker, que en el caso de los dos primeros han sido reconocidos ante la justicia peruana, fueron acciones deliberadas y calculadas para instrumentalizar la compañía. Se ejecutaron a espaldas de todos los órganos de gobierno y de todos los que formaban parte de la empresa, vulnerando los valores y la confianza que la compañía había construido durante años.
Sus acciones generaron en AENZA y en su equipo un severo daño económico y reputacional, que incluyó la cancelación de contratos, la pérdida de miles de puestos de trabajo y una gran incertidumbre en las más de 7,000 familias que hoy dependen de la compañía.
AENZA viene cumpliendo diligentemente con sanciones impuestas como consecuencia de estas acciones ilícitas, tales como el pago de una reparación civil y un periodo de impedimento para contratar con el Estado. Pero esta acción contundente permite cerrar una etapa. Hoy, AENZA es una empresa transformada, con nuevos accionistas, nuevo directorio, management renovado y un compromiso inquebrantable con la integridad y transparencia.
Desde el 2021, ni estos exdirectivos ni nadie vinculado a la familia fundadora tiene participación o injerencia alguna en la gestión o en los órganos de gobierno de la compañía, y tampoco tienen vinculación con los accionistas actuales. Hoy, la propiedad de AENZA está en manos de accionistas institucionales y ya no existe un accionista controlador. Los principales dueños de la compañía son los cuatro Fondos de Pensiones Peruanos (AFPs), que en conjunto poseen el 43.8% del capital. El segundo accionista de referencia es IG4 Capital, un fondo de inversión internacional regulado por estrictas normas del Reino Unido, que participa en el accionariado con 27.8%.
Actualmente la compañía cuenta con un robusto sistema de gestión antisoborno, certificado bajo la norma internacional ISO 37001. Este conjunto de procesos, controles y auditorías es la garantía tangible y verificable de que nuestra forma de hacer negocios se rige por los más altos estándares de integridad.
Estamos convencidos de que las autoridades judiciales actuarán con la rigurosidad que este caso exige, enviando una señal clara en contra de la corrupción.
