Defensoría del Pueblo demanda fortalecer el proceso de búsqueda, justicia, y reparación para las víctimas civiles policiales y militares del periodo de violencia 1980-2000

En el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, la Defensoría del Pueblo demanda al Estado contar, a la brevedad posible, con una política nacional de reparación, que permita a los sectores involucrados obtener el financiamiento necesario para culminar con el proceso de reparación a las víctimas y familiares de víctimas del periodo 1980-2000.

Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a causa de la violencia terrorista, más de 69 000 personas perdieron la vida, 6443 padecieron actos de tortura o tratos crueles, alrededor de 500 000 peruanas/os se vieron obligadas a desplazarse y miles desaparecieron. 

La extrema gravedad de los hechos descritos exige la mayor atención de parte del Estado. La tarea de reparar no se agota con la expedición de normas o creación de instituciones, demanda actuaciones concretas y tangibles en beneficio de las víctimas y sus familiares. 

“A la fecha, se necesita que el ‘Plan Multianual para la atención de las/os beneficiarias/os del Programa de Promoción y Facilitación al Acceso Habitacional al 2021’, se formalice a través de una resolución ministerial del sector vivienda, prolongando su vigencia e incluyendo mayor número de bonos para las víctimas y familiares. Asimismo, que el Ministerio de Educación apruebe un nuevo ‘Plan Multianual de Reparaciones en Educación para las víctimas de la violencia en el Perú (Repaeduca)’, ya que el documento vigente desde el 2016 vence este año”, señaló Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad. 

Respecto a la búsqueda de personas desaparecidas, el Estado solo ha podido recuperar 3964 (19.5 %) cuerpos de los 20 320 reportados como desaparecidos por el Registro Nacional de Desaparecidos y Sitios de Entierro (Renade). De esta cifra, 2628 han sido identificados y 2349 restituidos, estando pendiente la identificación de 1336 restos que se encuentran en el Equipo Forense Especializado del Ministerio Público. Asimismo, aún falta encontrar 16 356 individuos que permanecen en diferentes sitios de entierro, labor que merece la atención de todas las instituciones involucradas.

“Saludamos la reciente aprobación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas al 2030 (Decreto Supremo N° 011-2021-JUS), que incluye el trabajo articulado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público, Ministerio de Salud y los gobiernos regionales. No obstante, preocupa que la meta al 2030 sea la entrega de respuestas a los familiares de sólo 40,62 % de personas desaparecidas. Consideramos que el Ministerio de Economía y Finanzas juega un rol fundamental para la implementación de esta labor”, subrayó Castillo. 

El funcionario añadió que se destaca la iniciativa de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial, en convocar a las instituciones públicas y a las asociaciones de la sociedad civil, a fin de elaborar la “Directiva de Atención Judicial para Víctimas por Desaparición Forzada durante el periodo 1980-2000”, documento que será de consulta obligatoria para los magistrados que conozcan los procesos de declaración de ausencia por desaparición forzada, en aplicación de la Ley n° 28413.

Finalmente, cabe señalar que como reconocimiento a la lucha y resiliencia de las víctimas y familiares, la Defensoría del Pueblo pone a disposición del público en general el recorrido virtual en 360° de la muestra “Yuyanapaq. Para Recordar” (reserva al centrodeinformacion@defensoria.gob.pe).