Perú requiere política pro-inversión para masificar el acceso a internet
Lima.- La pandemia a causa de la COVID-19 puso en evidencia la importancia del acceso a Internet. Por esta razón, es importante que se tengan en cuenta qué aspectos deben fortalecerse para el avance de la conectividad, y qué nuevas medidas deben tomarse para acelerar el desarrollo de la infraestructura en telecomunicaciones, especialmente en las zonas más alejadas del país. Así lo precisó Orlando Marchesi, Director de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú), durante la apertura del Foro «Recomendaciones para acelerar la conectividad en el Perú», organizado por el Comité de Proveedores de Infraestructura Pasiva de AmCham Perú, y que contó con la participación de destacados expertos.
El Foro, que estuvo bajo la moderación de Maite Quiñones, Socia Senior de QA Legal, inició con la presentación del estudio “Condiciones necesarias para acelerar la expansión de la infraestructura de Telecomunicaciones”, a cargo de Carlos Huamán, CEO de DN Consultores, seguido de un panel de expertos y un cierre con reflexiones a cargo de Rafael Muente, Presidente de Osiptel.
Carlos Huamán evidenció la necesidad de acelerar la conectividad. La idea central de su exposición fue que, durante la última década, hubo aspectos normativos que funcionaron bien, y el sostenimiento de dichas medidas -que impulsaron el crecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones-, mejoraría el acceso a los servicios de conectividad digital, y favorecería las condiciones para el desarrollo sostenible y la competitividad del país. Huamán concluyó recomendando “la continuidad del proceso simplificado uniforme y aprobación automática, así como el impulso a la compartición de infraestructura y continuidad del cuidado de la salud pública y el medio ambiente”.
El panel de expertos se pronuncia
Para Laura Botero, Directora Regional de ASIET, el Perú no sólo necesita una política centrada en la masificación de la conectividad, sino que esta debe estar acompañada de inversión y de normativas que se ajusten a los diferentes modelos de negocio existentes. Según explicó, “tras las experiencias en Perú, se debe pensar en una política de espectro digital que permita mecanismos de conexión hasta por 20 años”. La normatividad se debe revisar de forma integral para evitar que, normas con buenas intenciones, puedan tener un efecto contrario para los usuarios, como la norma de velocidad mínima garantizada. “Se debe diferenciar la regulación de las zonas urbanas y las rurales, pues los retos de conectividad son distintos y no deben tratarse de la misma forma”, afirmó.
Por su parte, Ana Quintanilla, representante del Comité de Telecomunicaciones de AmCham Perú y Gerente de Estrategia Regulatoria en Telefónica, precisó durante su participación que la ratificada Ley N° 29022 será una pieza clave para reducir la brecha digital y, de esta manera, asegurar la conectividad. Para ello, consideró que es necesario reducir la presión sancionadora, ajustar las metas de calidad, y generar incentivos para acelerar la conectividad a través de mecanismos similares a las Obras por Impuestos Sectoriales. “El MTC ha dado pasos importantes, como el hecho de permitir que hasta el 40% de los pagos por canon se destine a conectividad y a renovación tecnológica. A pesar de ello, hay que considerar los sobrecostos regulatorios que inciden en la operación y que afectan la sostenibilidad. Se necesita una regulación simple y flexible.”
De otro lado, Sebastián Cabello, CEO de SMC + Digital Public Affairs, resaltó que en el Perú el 5G tiene aún una versión incipiente, y que para evolucionar en esta tecnología se requiere de infraestructura acompañada de orden administrativo. “Las barreras que persisten tanto en Perú como en América Latina son generadas por las autoridades locales, y el desorden administrativo al que se enfrentan los que tienen que instalar infraestructura”, añadió. Asimismo, precisó que un desafío claro en el Perú es contar con al menos 58,000 sitios para el 2030.
Además, Gonzalo Ruiz, expresidente del Consejo Directivo de Osiptel, resaltó que no estar conectado en un mundo que ha evidenciado la necesidad de estarlo, implica pérdidas de oportunidades en telecomunicación, telesalud y productividad. “En Perú, el 76% de los hogares no cuenta con acceso a banda ancha. Pero, si comparamos el nivel de acceso que hay en Lima (80%) con el rural, este último es menos del 50%”, reveló. Ruiz, señaló además que los cambios parten no sólo de la regulación, sino también por fomentar más esquemas de compartición. “Tenemos un espacio de crecimiento muy grande, además de la ventanilla única, los módulos de exportación de trámites, la revisión del esquema del canon para dar canje y premios a la mejora tecnológica, y la necesidad de incorporar mecanismos para hacer competir a los gobiernos locales”.
“En el país hacen falta 35,000 estaciones base, el 55% del total que se requiere en provincia”, resaltó José Aguilar, exdirector general de Políticas y Regulación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Agregó también que hay una tarea pendiente con las comunidades, ya que hace falta sensibilizarlos y explicar que las estructuras no afectan a la salud.
Finalmente, para cerrar el evento, Rafael Muente resaltó que, en el país, aún existen una serie de problemas relacionados a conectividad, pero que se han tenido avances muy importantes. Actualmente, el nivel de acceso a la telefonía móvil está cercano al del acceso de la energía eléctrica, comparado con el año 1994, cuando sólo 3 de cada 100 habitantes tenían un teléfono. Muente señaló que existen también distintos retos desde la perspectiva poblacional, debido a la atomización de esta población. Finalmente, agregó que “necesitamos avanzar en distintos frentes, donde es importante conciliar y buscar objetivos comunes: que las empresas tengan incentivos para ser rentables y que, por otro lado, exista un ordenamiento mínimo que debe ser cumplido por las empresas.”
