Protección al presidente del JNE es una orden de la corte IDH
Lima.- Las medidas provisionales dictadas recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, tienen carácter de orden y deben ser acatadas por el Estado peruano por ser país adscrito, consideró el constitucionalista Francisco Eguiguren Praeli.
Explicó que para esta decisión la Corte IDH tomó en cuenta que las acciones que adoptó el Estado para garantizar la seguridad del magistrado, tal como le fue solicitado previamente por la Comisión IDH a través de una medida cautelar, no han demostrado ser efectivas.
“Por ejemplo, no hay ningún avance concreto en la investigación fiscal o sanción judicial a los responsables de las amenazas que recibe físicamente o en redes sociales el titular del organismo electoral”, señaló en entrevista con el canal institucional JNE TV.
El jurista precisó que el sistema interamericano de derechos humanos tiene dos instituciones: la Comisión y la Corte. En junio de 2021, recordó, la primera ya había dispuesto la medida cautelar ante los ataques y agravios del que era objeto el magistrado Salas Arenas por las denuncias de un supuesto e inexistente fraude en las Elecciones Generales de ese año
Indicó que esta vez no es un pedido, como lo formuló la Comisión IDH, sino una orden dictada por la propia Corte IDH para garantizar la integridad y seguridad del presidente del JNE y su núcleo familiar, tanto en el desempeño de sus funciones como en su entorno domiciliario.
“La competencia de los organismos de derechos humanos es, precisamente, velar por los derechos humanos de quien está amenazado. Y, sin duda, basta con leer o escuchar las noticias para darse cuenta de que el presidente del JNE es víctima de una campaña de hostigamiento, amenazas e insultos y, hasta donde sabemos, los responsables siguen impunes”, enfatizó.
Eguiguren Praeli manifestó que esta situación contra el magistrado continúa, con manifestaciones presenciales frente a la sede del JNE y ataques en redes, sin que se sepa qué hace el Estado para evitar que se produzca este tipo de actos o para investigar, a través del Ministerio Público, quién insulta o amenaza de muerte. “Eso no es libertad de expresión”, acotó.
Refirió que los países deben procurar el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos que asumieron en tratados internacionales, porque es el Estado el que firma, no el gobierno de turno. “Y, en este caso, los grandes beneficiados somos los peruanos y las peruanas”, subrayó.
