La Comisión Interinstitucional para la Prevención de Conflictos Electorales, instalada recientemente en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aprobará en los próximos días un plan de trabajo en el marco de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026), cuyo propósito es disminuir los riesgos de conflictividad electoral que pudieran afectar el normal desarrollo del proceso.
Dicho plan permitirá establecer la programación de acciones y actividades que contribuirán a la toma de decisiones desde el JNE, precisó la jefa de la Central de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) del organismo electoral, Eugenia Fernán Zegarra Miranda.
En entrevista con JNE TV, dijo que el objetivo es disminuir el riesgo de la ocurrencia de conflictos electorales violentos, dado que cuando éstos se producen podrían afectar derechos fundamentales, como son la vida e integridad, así como el adecuado desarrollo de los procesos electorales.
Explicó que los conflictos electorales, al igual que los conflictos sociales en general, son multidimensionales y multicausales, por lo cual su tratamiento y resolución va a requerir el concurso y la participación de más de una institución; en ese sentido, la atención de la causa que origina el conflicto será conforme a las competencias de cada entidad pública.
La jefa de la COPE señaló que para que una estrategia de prevención de conflictos tenga los efectos deseados, debe involucrar a otras instituciones públicas, y en conjunto compartir información y acciones de prevención o resolución sobre los conflictos electorales identificados.
“Ante un escenario electoral de alta complejidad, en el que existen diversos elementos que podrían impactar en los comicios, como la desinformación o la polarización, es necesaria una respuesta articulada desde el Estado, a efectos de responder a posibles riesgos o conflictos que podrían impactar en los procesos electorales”, refirió.
Cabe precisar que en la citada comisión participan representantes de instituciones públicas como el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional del Perú, Presidencia del Consejo de Ministros, Dirección de Inteligencia Nacional, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo.
